En Colombia, la violencia hacia líderes y lideresas defensoras de derechos humanos llega a tal punto que existe un cuerpo elite de la policía para la protección de líderes sociales. Este organismo señala que al menos 178 líderes sociales han sido asesinadxs desde 2016. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo cuenta un total de 311, con Cauca, Antioquia y Norte de Santander como los departamentos con más asesinatos. El último 6 de julio lxs colombianxs salieron a las calles en un histórico “velatón” que se replicó en las embajadas colombianas del mundo. María del Mar Ramón, colombiana y feminista radicada en Argentina, pone la linterna sobre el estado de situación y los desafíos.

“‘Qué pena con usted señora Deyanira Ballestas, pero se tiene que ir de la región o la asesino. Usted sabe que nosotros aquí asesinamos a los que nos da la gana”. Así empieza el audio que recibió la docente rural Deyanira Ballesta, durante los primeros días de julio. La llamada, que habría sido realizada por el grupo paramilitar el Clan del Golfo, es apenas una evidencia de la situación en la que se encuentran lxs líderes y lideresas territoriales a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Aunque la grabación es escalofriante, Deyanira tuvo suerte: la amenaza prendió las alertas de un país indolente con sus líderes. No pueden decir lo mismo lxs 311 líderes y defensorxs de derechos humanos asesinadxs en Colombia desde el 2016.

La violencia contra lxs líderes territoriales y defensores de derechos humanos no es nueva en la historia colombiana. De la madeja compleja que es el conflicto armado en este país, la imposibilidad para organizarse democrática y políticamente desde los territorios o con partidos que no pertenezcan al binomio hegemónico de los liberales y conservadores podría ser en sí misma una de las razones principales para la perpetuación de la guerra. Sin embargo, con la firma de la paz en el 2016, se esperaba que la situación mejorara y, de hecho, uno de los puntos de los acuerdos buscaba garantizar la participación política, tanto de miembrxs de las FARC, como de personas de otros partidos.

Los acuerdos que se firmaron en el 2016 fueron el resultado de 4 años de negociaciones entre el gobierno, las FARC, las víctimas y distintos actores. Hacían especial hincapié en que la implementación tenía que buscar erradicar el conflicto armado en Colombia y subsanar las diferencias sociales e inequidades estructurales que nos habían llevado ahí en primer lugar.

Aunque estaban firmados y eran legales, el presidente Juan Manuel Santos decidió refrendar la implementación para asegurarse una legitimidad popular que era -a mi juicio- innecesaria. Ganó el NO a implementar los acuerdos de paz que se habían firmado y tuvieron que buscarse formas de renegociar algunos puntos para que pasara por el Congreso. Los puntos reformados fueron los más sensibles sobre tierras y víctimas, que tocaban intereses económicos y políticos hegemónicos y también, por supuesto, la perspectiva de género, que buscaba transversalizar a todo el proceso la mirada feminista y de diversidad. El NO también dilató los tiempos de la implementación y dejó más vulnerables tanto a lxs desmovilizados de las FARC, como a lxs habitantes de municipios rurales, en cuyos lugares el vacío dejado por la desmovilización de los guerrilerxs fue velozmente llenado por otras fuerzas criminales paramilitares, ante la lentitud y desidia del estado de brindar una respuesta.

Para ser más claras: la idea de una salida no negociada con las FARC es, literalmente, el exterminio de miles de personas que integran sus filas y de muchísimas otras que no, pero que son siempre el daño colateral de un conflicto armado: la población civil. La legitimidad popular que dejó el triunfo del NO a una vuelta a la guerra, sumado al reciente triunfo presidencial del candiato Iván Duque, de ultraderecha, promovido por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien tiene varias investigaciones en curso por sus vínculos con grupos paramilitares y con varias denuncias por atropellos a los derechos humanos, complica aún más la situación de quienes habitan los territorios más alejados de las grandes urbes y buscan organizarse para tratar de defender sus derechos o sus tierras. Colombia, una vez más, le da la espalda a su gente.

Es fundamental entender el contexto social y político en el que se enmarca este genocidio, para poder dimensionar nuestro impacto como sociedad civil y nuestras posibilidades de cambiarlo. El contexto es tan sensible, que no es una exageración decir que estamos cerca de repetir nuestra propia tragedia, pues vale la pena recordar que quienes conducen hoy la mesa de las FARC, Iván Marquez y Timoleón Gimenez, antes que guerrilleros fueron políticos, electos democráticamente y perseguidos por fuerzas anónimas muy similares a las actuales, quienes ante la imposibilidad del estado de garantizar su superviviencia terminaron por refugiarse en la selva y tomar las armas.

Ahora también tenemos las herramientas para visibilizar que las amenazas en muchos de los casos se agudizan si las defensoras son mujeres y que la violencia sexual fue un eje fundamental dentro del conflicto armado, con el fin de aleccionamiento patriarcal y de considerar los cuerpos de las mujeres como botín de guerra.

La indignación por la amenaza a la profesora Deyanira y por lxs 311 líderes y lideresas asesinadxs en el curso de estos dos años, logró sacar a miles de personas a las calles colombianas a exigir garantías para quienes están en los lugares más alejados. Esa presión social hasta le arrebató unas declaraciones al flamante presidente electo, compartiendo la preocupación nacional por el destino de líderes y lideresas. Con las cartas sobre la mesa, la única opción que tenemos para no repetir lo más trágico de nuestra historia, es la movilización masiva y el apoyo popular a quienes han puesto los muertos en esta guerra. Ese indicio de organización y movilización popular nos da la esperanza de no estar repitiendo la película sangrienta de la historia Colombiana.

Mientras escribo esto se anuncia en las noticias colombianas el asesinato de otro líder social en el Cauca. Contar a nuestrxs muertxs, a esta velocidad, se vuelve una tarea difícil, pero imprescindible. Significa revertir la indiferencia como mecanismo de supervivencia colectivo y como dispositivo esencial y extremadamente eficiente de quienes quisieron -y quieren- un país sumiso. Construir memoria, contarnos un relato colectivo y compartir los nombres de lxs líderes, visibilizar su trabajo y ver más allá de nuestras distantes capitales es un ejercicio fundamental para exigirle al estado que lxs queremos con vida. Los muertos tienen nombre, tienen historia y merecen justicia. La tarea que tenemos está en la calle. Somos la generación responsable de cambiar el destino del país, de nominar lo que permanecía oculto. En la capacidad de movilización y de hastío común está la única esperanza para defender a lxs defensores. Y estamos en deuda, pues sin la resistencia de los indígenas del Cauca y lxs afrodescendientes del chocó, sin la voz de la profesora Deyanira Ballesta respondiendo a quien la amenaza que enseñar no es delito ni es pecado, y sin la terquedad de esos más de 300 defensorxs que les cuesta la vida, no tendríamos ni tierras, ni mares, ni cordilleras. No tendríamos país. Habríamos desaparecido hace muchos años en el agujero de nuestra propia indiferencia.

FUENTE: http://latfem.org