“Nos están matando” fue la denuncia de quienes llenamos las plazas de varias ciudades del país y del mundo el pasado 6 de julio, en la ‘velatón’ por los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en las últimas semanas.

Sin embargo, mientras el Gobierno en cabeza del ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirma que “la discusión no debe centrarse en si existe o no sistematicidad”, los informes de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos no solo apuntan a que sí existen varios factores de sistematicidad, sino que además consideran que su reconocimiento es un paso fundamental para resolver esta problemática.

En ese sentido, el informe ‘Todos los nombres, todos los rostros’ muestra que los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19 por ciento de los homicidios en lo corrido del año y que el 80,48 por ciento de las víctimas hacían parte de organizaciones campesinas o étnicas y juntas de acción comunal. Es decir, existe una sistematicidad en cuanto al tipo de liderazgo que ejercían las víctimas, estas comparten una agenda de defensa de derechos que puede agruparse en varios ejes: defensa del territorio y de los recursos naturales, implementación del acuerdo de paz, denuncias con respecto a la inversión de recursos públicos y acceso a la participación política. También existe una sistematicidad con respecto a la distribución geográfica de los asesinatos: desde 2016, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño han sido los departamentos donde se han presentado más homicidios.

Con el fin de frenar estos asesinatos, el pasado 10 de julio, al cierre de la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el presidente Santos anunció una serie de decisiones, algunas de ellas son: la creación de un sistema de recompensas, la ampliación del programa de medidas colectivas de seguridad para los municipios y el fortalecimiento de los esquemas individuales de seguridad.

Por otro lado, el informe antes citado afirma que las medidas que están exigiendo las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos son, entre otras, medidas de protección territorial y colectiva, como el fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección de las comunidades.

¿Por qué las medidas propuestas por el Gobierno no son las que prefieren las comunidades? Parte de la respuesta puede ser encontrada en el documental ‘Nos están matando’, de Emily Wright, Tom Laffay y Daniel Bustos. Este documental acompaña el día a día de Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo nasa, y de Héctor Marino, líder afrocolombiano, quienes llevan más de diez años recibiendo amenazas.

En Bogotá muchos piensan que la solución a este problema es dotar a cada líder amenazado de una camioneta blindada y de varios escoltas; en efecto, esta fue una de las medidas anunciadas por el presidente Santos, pero lo que nos muestra este documental es que a las comunidades les interesa fortalecer sus propios mecanismos de autoprotección, como las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. Los esquemas individuales de seguridad rompen las dinámicas internas de las comunidades. En el documental, Héctor Marino reflexiona sobre lo difícil que es tener un acompañamiento permanente, y añade que este esquema individual de seguridad “lo saca un poquito a uno de la comunidad porque esto no es bien visto. Entonces uno se ve entre la espada y la pared”. Para alguien que pertenece a una comunidad, saber que está siendo protegido, pero los demás no, es motivo de preocupación, pues prima la lógica del bienestar colectivo. Feliciano Valencia, por su parte, afirma que además de su esquema de seguridad individual, él se desplaza con la guardia indígena porque “ampararse en el Estado es bastante complicado”.

En estos momentos necesitamos más trabajos como estos: documentales e informes que se preocupen por conocer de primera mano lo que sucede en los territorios, que escuchen a las comunidades y nos transmitan sus necesidades a través de las voces de sus líderes, quienes cumplen una función de veeduría en lugares caracterizados por la ausencia del Estado. La violencia contra estos líderes no está asociada solamente a las economías ilegales, está asociada también a los conflictos por la tierra y el territorio, los cuales, como sabemos, han sido motores del conflicto armado. En este sentido, reconocer los factores de sistematicidad de los asesinatos es fundamental, sobre todo cuando algunos sectores políticos pretenden asociar estos asesinatos a ajustes de cuentas entre grupos armados ilegales y crear una narrativa en la cual ser líder social se convierte en un delito.

SARA TUFANO