Desde el 11 de diciembre de 2017, cuando se cerró la inscripción de candidatos y comenzó en firme la campaña electoral al Congreso, se han registrado en el país 62 casos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, una cifra que se traduce en una conclusión preocupante: la violencia de este tipo no sólo se disparó en época electoral, sino que en apenas mes y medio se ha presentado el 20 % de toda la violencia política y social del último año. Con otro agravante, el aumento de la violencia letal.

Esa es quizá la principal conclusión que arroja el informe del Observatorio de Violencia Política y Social de la Misión de Observación Electoral que analizó las cifras de amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos en contra de candidatos, altos funcionarios de todos los ámbitos territoriales, líderes de organizaciones políticas, líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal de todos los municipios del país. En total, en el último año la MOE ha registrado 273 líderes políticos, sociales y comunales víctimas de violencia en el país.

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Los 62 casos de líderes políticos y sociales víctimas de violencia ocurrieron en 45 municipios de 20 de los 32 departamentos del país (el 63 %), además de Bogotá. Llama la atención el caso de Antioquia, que además de tener el mayor número de víctimas (y mayor número de asesinatos (5), es uno de los dos departamentos en el país con violencia tanto contra políticos como contra líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal.

Preocupa también la situación en el Valle del Cauca, el departamento con más políticos víctimas de violencia en el país: cinco amenazas en contra de un alcalde y cinco personeros.

Otro hallazgo que refleja el informe es la variación del comportamiento de la violencia dependiendo del tipo de liderazgo; es decir, a los políticos los amenazan más, a los líderes sociales los amenazan y los matan, y a los líderes de las juntas de acción comunal primordialmente los atacan para asesinarlos. De hecho, sólo entre el 11 de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 2018, los líderes sociales y los miembros de las JAC concentraron el 61 % de las víctimas, con un total de 38 (23 y 15 víctimas respectivamente).

“Los asesinatos han sido los hechos más frecuentes a lo largo del último año, con 109 víctimas (40%) en total para todos los tipos de violencia. Quienes son miembros de las JAC son los más afligidos por esta agresión, teniendo en cuenta que para ellos representa un 80 % de los hechos que los afectan. Dentro de la violencia social, el 46 % de las víctimas han sido asesinadas. Sólo la violencia política no tiene como principal agresión el asesinato, pues las amenazas comprenden la mayor proporción de los hechos violentos”, detalla el texto.

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Para el caso de los líderes políticos -que reúne a candidatos, dirigentes de partidos y funcionarios- la MOE hace un llamado especial ante la situación de los personeros municipales, pues sólo desde el 11 de diciembre diez han sido víctimas de algún tipo de violencia: nueve han sido amenazados (cuatro en municipios del Valle del Cauca, tres en municipios de Tolima y otros dos en Chocó y Magdalena), y el personero de Puerto Rico, Caquetá, fue asesinado.

A eso se suman los cinco ataques a miembros del partido político FARC, una cifra que refleja el nivel de la polarización que vive el país. Es más, el análisis de la MOE revela que los partidos con mayor número de víctimas de violencia son aquellos que representan extremos ideológicos.

Así, por ejemplo, en mes y medio ya han sido asesinados tres integrantes del partido de la FARC, dos en Peque, Antioquia, y uno en Santander de Quilichao, Cauca. Eso sin contar un atentado contra una integrante del partido en Ciudad Bolívar (Bogotá) y una amenaza en Medellín. En el caso del Centro Democrático, se registró el asesinato de un presidente de junta una de acción comunal en Cumaral, Meta, y el atentado contra el alcalde de Concepción, Antioquia, avalado por dicho partido.

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De ahí la necesidad de entender el peligro que representa la polarización e intolerancia política para la campaña electoral. Para la MOE, preocupa “especialmente el caso del partido FARC, pues las garantías de seguridad para su participación política son parte de los requisitos para el éxito en la implementación del Acuerdo de Paz”.

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